CUBA Y LA ECONOMÍA CASTRISTA

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Re: CUBA Y LA ECONOMÍA CASTRISTA

Messaggioda Guajiro. » 12/01/2018, 21:11

El internet movil y los derechos de los cubanos a comunicarse en redes

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Las limitaciones que existen en Cuba para el acceso a internet son un ejemplo del control que ejerce el régimen sobre la población. El pasado 28 de diciembre, sin embargo, se anunció que en 2018 se espera que los habitantes de la isla tengan acceso desde sus teléfonos celulares, algo que hasta el momento no existía. Una buena noticia, sin duda.

Muchos se preguntan cómo es posible sobrevivir con tanto retraso en la era de las telecomunicaciones y las redes sociales, pero la realidad es que actualmente, en Cuba, el acceso a internet se produce vía satélite, lo que no sólo supone un encarecimiento del servicio, sino una limitación para su desarrollo efectivo. Alternativas como el cable submarino que existe alrededor de la isla no son suficientes para que el servicio aumente sus capacidades. Al final, todo depende de una decisión política del régimen que permita el uso libre de internet para todos los cubanos, un derecho que sigue estando limitado.

Lo cierto es que los cubanos muestran especial interés por todo lo que tiene que ver con las comunicaciones en la red y el acceso a internet. Las autoridades han ofrecido datos de penetración de las redes sociales en Cuba, y así hasta julio de 2017, el régimen aseguró que la penetración de las redes sociales lo hizo en un 346%, obviamente partiendo de niveles muy bajos que difícilmente se observan en otros países. Estos datos son comprensibles si se tiene en cuenta que alrededor de 2 millones de cubanos residen en el exterior y muchos mantienen contactos con sus familias en la isla.

La extensión del servicio del internet móvil en Cuba está asignado al monopolio estatal del régimen, la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba ETECSA, que al parecer sigue preparándose para ofertar el servicio en 2018 sin que se hayan señalado fechas concretas ni plazos para la entrada en funcionamiento. Compromisos con los clientes, cero.

Respecto de la situación de la telefonía móvil en la isla, datos oficiales señalan que en 2017 se activaron 600.000 nuevas líneas móviles, llegando a un total de 4,5 millones en la isla, que cuenta con unos 11 millones de habitantes. Pese a estos datos que parecen significativos, la realidad es que Cuba cuenta con uno de los niveles más bajos de conectividad en el mundo y se encuentra atrasada en casi 10 años con relación a la utilización de las tecnologías móviles.

Como en otros muchos ámbitos de la economía privada familiar, lo que explica este atraso es la responsabilidad del régimen, que actúa como único proveedor autorizado, y las limitaciones que existen para el acceso a internet en los hogares, quedando reducido el servicio a centros de trabajo, empresas estatales, universidades y escuelas. Otro aspecto a tener en cuenta es el elevado precio del servicio de comunicaciones. El internet para hogares tiene un coste que oscila entre 15 y 70 CUC al mes, según informaciones oficiales de la Dirección Central de Comercial y Mercadotecnia de ETECSA. Se trata de un precio demasiado elevado para un país donde el salario promedio de la población ronda los 20 dólares al mes, con una equivalencia del CUC con el dólar.

De ese modo, ante la imposibilidad de disponer de internet en los hogares, la imagen de los cubanos reunidos al aire libre para utilizar los puntos de acceso inalámbrico a internet, en los parques y avenidas públicas de las ciudades, se ha convertido en un referente del deseo y la necesidad que tiene la población de comunicarse y obtener información. Un derecho a reclamar.

El internet en Cuba es, sin duda alguna, uno de los retos que se plantean a la generación que aspira a tomar el mando del régimen castrista, cuando Raúl Castro deje el poder en abril próximo. Y son muchos los que creen que, al igual que en otros países no democráticos del mundo, las protestas sociales en Cuba pueden empezar a emerger en las redes sociales, en las comunicaciones móviles, en el internet en los hogares, fuera del control de delatores de la seguridad del estado que todo lo vigilan.

La modernización efectiva de la sociedad cubana, condición necesaria pero no suficiente para su transición a la democracia, las libertades y el estado de derecho, puede depender del auge y consolidación de las redes sociales. No me cabe la menor duda. Por ello, el régimen ha jugado sus cartas y hasta la fecha no sólo ha asumido públicamente el retraso inexplicable de Cuba con relación a otros países en el uso de internet, sino que mantiene sus costes a niveles muy elevados, inaccesibles para una población que día tras día sufre para resolver.

Otro ejemplo del atraso de las comunicaciones móviles en Cuba es el hecho de que ETECSA esté aprovechando la llegada tardía del servicio, para introducir la opción de realizar pagos utilizando el teléfono móvil, que se encuentra ampliamente extendida en buena parte de los países de África con niveles de desarrollo muy inferiores a los de Cuba. Presentar la banca móvil como un avance espectacular, para pagar servicios como el telefónico, la electricidad o el agua exige que los cubanos utilicen el sistema bancario para manejar cuentas corrientes en las que se paguen sus nóminas y carguen las facturas. ¿Sabe ETECSA que porcentaje de trabajadores cubanos gestionan de este modo sus asuntos económicos? Que lo averigüe. Igual se lleva una sorpresa.
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Re: CUBA Y LA ECONOMÍA CASTRISTA

Messaggioda Guajiro. » 16/01/2018, 20:54

Una primera mirada al presupuesto 2018 del régimen castrista

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Juventud Rebelde dedica un apartado a presentar las magnitudes principales del presupuesto del estado castrista para 2018, e incluso, se anuncia ya una mesa redonda para analizar su contenido. Interesante. Desde nuestra perspectiva, este presupuesto está mal diseñado, es injusto, insolidario, consolida el poder del aparato del estado sobre la actividad privada, y lejos de contribuir al necesario estímulo de la misma, hace recaer la mayor parte del peso de la tributación sobre los nuevos emprendedores, lastrando así su crecimiento en estas primeras fases.

Los presupuestos de 2018 de la economía castrista se han publicado en la Gaceta Oficial, número 48 ordinaria, de 29 de diciembre pasado. Allí se pueden consultar los datos si se considera necesario (http://www.gacetaoficial.gob.cu). En una economía en la que el estado es propietario y ejerce el control sobre el 80% de los activos productivos e infraestructuras, el peso del presupuesto y su incidencia es muy destacada. Una inadecuada definición del mismo o lo que acaba siendo peor, de la gestión, provoca efectos negativos sobre el comportamiento de los agentes económicos, con consecuencias a medio y largo plazo sobre el nivel de bienestar y calidad de vida de la población.

Lo primero que cabe señalar del presupuesto del régimen castrista es que, como viene siendo habitual, nace en déficit, es decir, los ingresos brutos estimados en 57.200 millones de pesos, son insuficientes para financiar los gastos, previstos en 68.625 millones de pesos. Es decir, la Asamblea nacional en su décima sesión ordinaria de la actual legislatura, aceptó y cito textualmente, que “el resultado del balance de ingresos y gastos muestra un déficit fiscal de 11.725 millones de pesos, concentrado en los financiamientos a la actividad productiva y a las inversiones financiadas por el Presupuesto del Estado”. Mal asunto.

Se avizoran más tensiones de liquidez para la economía como las que mencionó Cabrisas hace algunos días. Un déficit descontrolado es la peor restricción que se puede fijar para el desarrollo de las actividades productivas, más aún, cuando lejos de apostar por la inversión en infraestructuras que son vitales para el crecimiento económico de la nación, lo que hace es sostener el aparato del estado ineficiente y burocrático, como se tendrá ocasión de exponer.

Nada bueno para los cubanos, porque este déficit fiscal exigirá compromisos de pago que van más allá de los ingresos, y que obligará al régimen a asumir un nuevo nivel de endeudamiento más elevado que hará más difícil afrontar la amortización de los pagos de la deuda pública contraída en años anteriores y con vencimiento en 2018.

Dicho de otro modo, la herencia de déficits que año tras año no se cierran por insuficiencia de ingresos, obligará al régimen en 2018 a desplegar una financiación de 15.749 millones de pesos. Desequilibrios que obligan a la nueva emisión de bonos soberanos de deuda que se financian principalmente por el Banco central del país, dadas las limitaciones que tiene la economía para acceder a los mercados internacionales, como consecuencia de su baja credibilidad financiera.

En segundo lugar, y en contra de lo que señalan las autoridades, no es cierto que este déficit sea positivo para estimular la actividad productiva y a las inversiones, potenciar exportaciones y sustituir importaciones, como dicen las autoridades. Por el contrario, este desorbitado desequilibrio de las cuentas tiene su origen en el aumento desmesurado y fuera de control de gastos corrientes que asume el estado, pese a que carece de capacidad productiva suficiente para ello.

Si se analiza el detalle de gastos del presupuesto, se observa que los servicios de sanidad (27%) y educación (21%) que alcanzan un 48% del total, son provistos en su totalidad por el estado. Tal vez una provisión mixta con participación de la iniciativa privada permitiría reducir esta carga y como se viene observando en numerosos países, realizarlo de forma menos costosa. Es difícil estimar el coste histórico que para los cubanos tiene contar con educación y sanidad estatal en régimen de monopolio, pero es fácil comprobar que casi la mitad del presupuesto se destina a estas actividades que en términos de coste de oportunidad se podrían ofrecer igualmente por el sector privado o por medio de un modelo mixto como en la mayoría de países del mundo.

Sin embargo, no es ésto lo más grave del diseño presupuestario. Mucho peor es el peso que tiene una partida que sí que guarda una relación directa con el aparato del régimen, en concreto, administración pública y defensa, que alcanza el 19% del total. Que la seguridad del estado, la defensa y sus correspondientes servicios asociados alcancen estos niveles de gasto en Cuba solo se puede explicar en términos del modelo político e ideológico.

Como lo es, por ejemplo, que en el conjunto de los gastos corrientes de la actividad no presupuestada, las subvenciones a las organizaciones y asociaciones (las que sostienen el régimen, porque son las únicas que pueden participar en ello) experimentan un aumento de 52,4 millones de pesos en 2017 a, nada más y nada menos, que 182,7 millones de pesos en 2018, un crecimiento del 348,7% (acaso tiene que ver con la campaña electoral) muy superior al que se destina por ejemplo a mantener subsidiados los precios de los alimentos, una partida de profundo impacto social en un país de bajo poder adquisitivo nominal de los salarios, y que lejos de aumentar o de mantenerse estable, disminuye un 11,2%, lo que aventura penurias en el acceso a bienes de consumo, ante las restricciones impuestas al desarrollo de los mercados.La financiación de las importaciones es otra partida que apenas aumenta un 9%.

Este tipo de contrastes en la gestión de las partidas de gasto definen el carácter profundamente reaccionario e injusto de los presupuestos que pagan los cubanos con su trabajo y esfuerzo.

Y si en el ámbito de los gastos se observan notables injusticias, cuando se trata de ver qué ingresos son los que más van a crecer en 2018, el régimen lo tiene claro. Por ejemplo, los aportes de las “formas de gestión no estatal” aumentan en 2018 un 19,7% en las cooperativas no agrarias y un 15% los procedentes de los trabajadores por cuenta propia. Una partida sin definición, denominada genéricamente “otros ingresos de formas de gestión no estatal” aumenta hasta un 21% la recaudación.

Incrementos que contrastan de forma significativa con el 4% de crecimiento que se estima para el conjunto de la recaudación tributaria. Si estos colectivos ven como el incremento de recaudación para ellos es claramente superior a la media, es evidente que el régimen crea desigualdades con el presupuesto de ingresos que suponen un efecto de impacto negativo e injusto sobre los sectores más dinámicos de la economía.Además, tal y como se encuentra la economía cubana incrementar la recaudación tributaria en su conjunto es una decisión negativa de consecuencias perjudiciales a medio plazo. Más razonable sería reducir impuestos y ajustar gastos para dar una mayor participación a los agentes privados. Pero esta no parece ser la opción del régimen.

Más gasto de escaso impacto sobre la economía nacional y mayor presión fiscal sobre los sectores más dinámicos y productivos definen un ejercicio presupuestario deficiente, inadecuado para los objetivos de “actualización” que persigue el régimen, y que dejan una pesada herencia en forma de endeudamiento para las generaciones futuras.
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